El funcionario bonaerense cuestionó las críticas del oficialismo nacional luego de que la Justicia frenara la aplicación de la ley. Reclamó fondos y denunció falta de gestión real en materia de seguridad.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, protagonizó este martes un fuerte entredicho con el Gobierno nacional al responder a las críticas formuladas por Diego Santilli y Patricia Bullrich a raíz del freno judicial a la ley de imputabilidad.
La disputa se originó por el fallo de la jueza Marta Elba Pascual, que suspendió la norma en la provincia de Buenos Aires. Desde la administración central responsabilizaron al gobernador Axel Kicillof, desatando la réplica de Alonso a través de las redes sociales.
El titular de Seguridad exigió a Santilli que se ocupe de restituir los recursos económicos retenidos a la Provincia y recriminó la falta de fondos federales para crear juzgados y centros de detención juvenil. «Mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer», disparó el funcionario, al tiempo que calificó la reforma impulsada por Nación como un mero recurso discursivo sin sustento operativo.
El contrapunto político ratifica la tirantez en la relación entre ambas administraciones frente a los desafíos estructurales del sistema penal.
