La primera ministra adelantó un paquete de medidas para las escuelas que contempla límites a la matriculación de estudiantes extranjeros, la obligación de alfabetización en italiano para los padres y restricciones a prendas religiosas.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anticipó este domingo que el Consejo de Ministros evaluará un paquete de medidas educativas que incluye la prohibición del burka y el hiyab en las aulas, el establecimiento de un tope legal para la cantidad de alumnos extranjeros por clase y la exigencia de que los progenitores aprendan el idioma local ante dificultades de inserción.
Durante su exposición en el festival de la juventud de Fratelli d’Italia, la mandataria fundamentó las iniciativas gubernamentales al señalar que «en Italia nadie, en nombre de una tradición verdadera o presunta, puede decidir que una joven deba ocultarse», remarcando que la paridad entre hombres y mujeres constituye un valor no negociable. Asimismo, en cuanto a la limitación de estudiantes sin ciudadanía italiana en los establecimientos, Meloni argumentó que si bien un alumno extranjero puede integrarse con facilidad, la conformación de mayorías en las aulas genera un escenario de aislamiento: «No puede ser que en una clase italiana quienes se sientan en un rincón sean los niños italianos porque se han convertido en minoría».
La propuesta legislativa se suma a antecedentes institucionales y parlamentarios impulsados por sectores de la coalición gobernante en los últimos meses, como las iniciativas del ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, y las resoluciones promovidas por legisladores del centroderecha en torno al velo integral. En Italia ya existía una directiva de 2010 que establecía un techo orientativo del 30% para estudiantes no italianos, cuya aplicación había variado según los distritos. Si la iniciativa actual se aprueba formalmente en el Parlamento, el país se convertirá en el primero de la Unión Europea en fijar por ley una cuota estricta de esta naturaleza, en contraste con otros modelos comunitarios como el de Dinamarca, que aplica límites habitacionales y escolares focalizados, o Francia, que prioriza la zonificación sin cuotas étnicas.
La iniciativa del Ejecutivo abre un nuevo debate político y social sobre los alcances de la integración cultural y los controles normativos en el sistema educativo europeo.
