Juan Patricio Marchetto pidió apartar al juez Guillermo Yacobucci de la Sala II de Casación. El planteo apunta a que su hijo, Ignacio Martín Yacobucci, fue designado en un área estratégica del Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques. La Cámara debe resolver si los damnificados pueden volver a intervenir como querellantes en el expediente.
La causa por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo de tensión judicial. Juan Patricio Marchetto, uno de los damnificados que busca intervenir como querellante, presentó un pedido de recusación contra el camarista Guillermo Yacobucci, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
El planteo se apoya en un vínculo familiar: el hijo del magistrado, Ignacio Martín Yacobucci, ocupa desde septiembre una función de coordinación en el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
La designación fue formalizada mediante la Disposición 439/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre. El documento establece que Ignacio Yacobucci asumió la función con carácter ad honorem, es decir, sin remuneración por ese cargo. También lo designa como representante nacional ante organismos internacionales vinculados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Para Marchetto y sus abogados, Nicolás Rechanik y Juan Grabois, la relación entre el cargo de su hijo y la intervención del Ministerio de Justicia en el expediente constituye un motivo para poner en duda la imparcialidad objetiva del camarista. La presentación invoca artículos del Código Procesal Penal de la Nación referidos al interés de familiares del juez en el proceso y a la recepción de beneficios de importancia.
Se trata, por ahora, de los argumentos de una de las partes. La recusación no implica que se haya probado una conducta parcial del magistrado ni que Yacobucci haya actuado bajo instrucciones o presiones del Poder Ejecutivo.
Una decisión que puede cambiar el rumbo del expediente
El planteo adquiere relevancia porque Yacobucci integra la Sala II de Casación junto a los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Ese tribunal debe resolver si los damnificados que fueron apartados del expediente pueden recuperar su condición de querellantes.
El 4 de noviembre, los tres camaristas ya habían intervenido en una instancia preliminar. Slokar y Ledesma votaron a favor de habilitar la revisión de los recursos presentados por los damnificados, mientras que Yacobucci se pronunció en disidencia. La decisión permitió que Casación analice los planteos, pero no reincorporó automáticamente a los reclamantes ni modificó los sobreseimientos.
La discusión es central: si finalmente son admitidos como querellantes, los damnificados podrán intervenir formalmente en el proceso, solicitar medidas y cuestionar decisiones judiciales. Por eso, la integración de la Sala II y la resolución de los pedidos de recusación pueden incidir en los próximos pasos de la causa.
Marchetto también cuestionó el papel que tuvo el Ministerio de Justicia en el expediente. En su presentación recordó que la Oficina Anticorrupción, organismo que depende de esa cartera, concluyó en junio de 2025 que Javier Milei no había infringido la Ley de Ética Pública al difundir el criptoactivo. Según el planteo, esa conclusión fue valorada posteriormente en la resolución que dispuso los sobreseimientos.
Dos camaristas, dos pedidos de apartamiento
La recusación contra Yacobucci no es la única que afecta a la Sala II. La defensa del trader Mauricio Novelli también pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma, luego de que la magistrada votara a favor de habilitar la revisión de los recursos de los damnificados.
El planteo de Novelli se relaciona con la participación de Ledesma en el comité consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una organización que solicitó intervenir como querellante en la causa. Sin embargo, la entidad no fue admitida con ese carácter y su participación quedó limitada a la figura de amicus curiae.
Así, dos de los tres integrantes del tribunal que debe resolver el futuro de las querellas enfrentan pedidos de apartamiento. La situación abre interrogantes sobre la conformación de la Sala y los tiempos de una decisión que puede resultar determinante para la continuidad de los reclamos.
En un expediente que involucra al Presidente, a funcionarios y a actores del mundo cripto, los vínculos institucionales y los mecanismos de control sobre la imparcialidad judicial vuelven a quedar en el centro de la escena. La cuestión de fondo, por ahora, sigue pendiente: si quienes denuncian haber sido perjudicados podrán volver a tener voz propia dentro de la causa.
