Tras más de un mes y medio de intensas protestas civiles, el Poder Ejecutivo movilizó a las fuerzas de seguridad y el ejército en todo el territorio nacional. La medida extrema se tomó luego de que las facciones indígenas y campesinas rechazaran el pacto de pacificación firmado con la Central Obrera Boliviana.
Las rupturas del orden interno y la aplicación de regímenes constitucionales de excepción en los Estados de la región constituyen un factor de profunda preocupación para los organismos de supervisión democrática y las cancillerías encargadas de monitorear la estabilidad política en América del Sur. Cuando las administraciones gubernamentales resuelven movilizar de forma simultánea a las fuerzas policiales y a las unidades militares, se abre un escenario complejo de gestión de la seguridad pública que busca restablecer la libre circulación de bienes y servicios esenciales. Para las agencias informativas orientadas al desglose minucioso de las normativas de emergencia, la geopolítica andina y la evolución de los conflictos sociales, desglosar estos decretos resulta una herramienta indispensable para evaluar la gobernabilidad en el plano regional.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró de manera formal el estado de excepción en todo el territorio de la nación andina con el propósito de ordenar el despliegue inmediato de efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas para proceder a la liberación de las rutas troncales del país, las cuales permanecen obstruidas por una serie de manifestaciones y piquetes ciudadanos que ya se extienden por más de seis semanas consecutivas. La determinación oficial fue comunicada a través de una cadena emitida por el canal de televisión estatal desde el Palacio de Gobierno, luego de que fracasaran los intentos de pacificación comunitaria ensayados por el mandatario, quien apenas veinticuatro horas antes había suscripto un acta de entendimiento con la cúpula de la poderosa Central Obrera Boliviana (COB). A pesar de dicho avance con el sector sindical regular, los núcleos duros de la protesta —nucleados en la Federación Túpac Katari de comunidades indígenas aimaras y en los sindicatos de productores cocaleros alineados políticamente con el expresidente Evo Morales— ratificaron la continuidad por tiempo indeterminado de los cortes de carreteras y exigieron la dimisión inmediata del actual jefe de Estado. El presidente justificó la adopción de estas medidas restrictivas de los derechos constitucionales mediante un mensaje en la plataforma digital X, donde argumentó de manera enfática que la ciudadanía civil no puede continuar en condición de rehén de bloqueos logísticos que impiden el normal desarrollo de la jornada laboral, la escolarización, el acceso a los servicios de salud y el abastecimiento básico de productos alimenticios, al tiempo que denunció de forma explícita que la continuidad de las medidas de fuerza responde de manera directa a una planificación de golpe de Estado financiada por sectores vinculados al fenómeno del narcoterrorismo continental.
Las unidades de las fuerzas de seguridad iniciaron los primeros movimientos de acuartelamiento y patrullaje en las zonas aledañas a los principales centros urbanos para evaluar la resistencia de los manifestantes. Los observadores de derechos humanos mantienen bajo estricta observación el accionar de los efectivos militares para evitar desbordes institucionales durante los operativos de despeje de calzadas.
