Procedimientos simultáneos en las unidades penitenciarias de Campana y Florencio Varela permitieron identificar a dos internos que coordinaban maniobras intimidatorias y recopilaban datos personales de la funcionaria judicial y su familia.
Una minuciosa investigación encabezada por la justicia de San Isidro derivó este lunes en una serie de allanamientos simultáneos en dos cárceles bonaerenses, tras detectarse un presunto plan de hostigamiento y amenazas dirigido contra una fiscal de ese departamento judicial y su entorno cercano.
Los operativos fueron llevados a cabo en la Unidad 21 de Campana y en la Unidad 31 de Florencio Varela por orden del Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, a solicitud del fiscal general adjunto Patricio Ferrari. Como resultado de las requisas y el análisis de comunicaciones, los investigadores identificaron y notificaron formalmente a dos reclusos, individualizados como Martín Darío Rettori (42) y Ariel Ernesto Libertini (47), quienes se encontraban alojados en dichos penales tras haber sido detenidos en una causa previa por robo agravado y asociación ilícita tramitada por la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI Boulogne.
De acuerdo con la pesquisa, la banda operaba previamente mediante el uso de llaves sustraídas en estacionamientos para cometer escruches y entraderas. Sin embargo, las pericias posteriores sobre los teléfonos celulares secuestrados revelaron un salto cualitativo en la gravedad de la conducta delictiva: los internos intercambiaban mensajes con información detallada sobre el domicilio de la magistrada, los vehículos en los que se desplaza, rutinas y datos de contacto de sus familiares. Para los investigadores, estos elementos configuran una clara planificación orientada a amedrentar o atentar contra la funcionaria. Ante este escenario, la causa fue caratulada preliminarmente como amenazas agravadas y coacción, mientras los dispositivos incautados continúan siendo sometidos a peritajes informáticos para establecer posibles ramificaciones dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios.
El descubrimiento expone los riesgos asociados al uso irregular de dispositivos de comunicación en el ámbito carcelario y la firme respuesta institucional para resguardar la seguridad de los operadores judiciales.
