La causa judicial sumó decenas de presentaciones de colegios estafados que habían contratado el servicio de emergencias. Los cabecillas de la organización, liderada por Alberto Santarceri, continúan bajo arresto y enfrentarán una ampliación de sus imputaciones.
La investigación sobre la red de atención médica clandestina desmantelada en el Conurbano oeste sumó un volumen de denuncias que agrava de forma drástica la situación procesal de los principales imputados. En las últimas horas, una treintena de instituciones educativas y entidades de bien público se presentaron ante las autoridades judiciales tras constatar que las guardias y emergencias de sus alumnos eran coordinadas por falsos profesionales que utilizaban identidades usurpadas.
La investigación penal que desarticuló la firma Argentina Salud sumó en las últimas horas más de 30 denuncias de escuelas que descubrieron la maniobra delictiva. De las 6 personas con orden de captura dispuesta por el juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza, 4 de ellas se negaron a prestar declaración ante el fiscal Fernando Garate. Se trata del sindicado como jefe de la estructura, Alberto Santarceri, su pareja Noelia Luna, y sus hijos Brian Santarceri y Nicolás Santarceri, quienes permanecen detenidos por el delito de asociación ilícita.
Las autoridades judiciales estiman que el número de establecimientos educativos damnificados continuará en ascenso a medida que se revisen los contratos de la prestataria ilegal.
