La defensa del empresario argumentó que no existen riesgos procesales que justifiquen el encierro actual y solicitó sustituir el embargo millonario por un depósito judicial.
El cuestionamiento a las medidas de coerción personal en causas de alta repercusión pública reabre el debate técnico sobre los límites de la prisión preventiva y el principio de inocencia. Cuando las defensas técnicas alegan la inexistencia de causales objetivas de encierro, la judicatura se ve obligada a ponderar si las restricciones operan como un resguardo real frente a los riesgos de fuga o si, por el contrario, configuran una pena anticipada violatoria de las garantías constitucionales.
Los abogados Alejandro Montiel y Fernando Diez, representantes legales del exmarido de Jésica Cirio, presentaron un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11. En la presentación, la defensa solicitó el cese inmediato del arresto domiciliario con monitoreo electrónico que el empresario cumple en un departamento de la localidad de Banfield. Asimismo, los letrados se opusieron formalmente al pedido de las querellas para endurecer las reglas de conducta y exigieron que se reduzca drásticamente el embargo de 900 millones de pesos que pesa sobre el imputado.
El tribunal deberá resolver en los próximos días si mantiene la medida cautelar o si concede la libertad bajo caución solicitada.
