El Tribunal Oral Federal N.º 3 de San Martín condenó a Nicolás Nahuel Guimil, señalado como uno de los principales referentes del narcotráfico en La Matanza. También sentenció a otros 15 integrantes de su organización y a la exfiscal María Belén Casal Gatto, quien recibió tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante una década.
La Justicia federal dictó una sentencia de fuerte impacto sobre la estructura del narcotráfico en La Matanza. Nicolás Nahuel Guimil, conocido como Chaki Chan, fue condenado a 14 años de prisión por organizar y financiar una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes en el distrito. El fallo también alcanzó a otros 15 integrantes de la organización y a una funcionaria judicial acusada de brindar protección al grupo criminal.
La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 3 de San Martín, integrado por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Nada Flores Vega y Elena Beatriz Dilario. Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo del fiscal general Eduardo Codesido.
Uno de los aspectos más relevantes del veredicto fue la condena a María Belén Casal Gatto, exfiscal que se desempeñaba al frente de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Gregorio de Laferrere. El tribunal le impuso tres años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Los magistrados la consideraron responsable de cinco hechos de encubrimiento para favorecimiento personal y real, agravados por su condición de funcionaria pública, en concurso real con falsedad material e ideológica de documentos públicos.
El fallo representa un capítulo significativo en una investigación que expuso presuntos vínculos entre organizaciones narcocriminales y sectores de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.
Una organización con presencia en distintos puntos del distrito
La estructura comandada por Guimil operaba mediante una división interna de acuerdo con los estupefacientes que comercializaba. Entre las sustancias distribuidas se encontraban pasta base, cocaína de alta pureza —conocida como «alita de mosca»— y marihuana.
De acuerdo con la investigación, la organización llegó a recaudar más de 10 millones de pesos diarios. La cocaína de mayor pureza representaba uno de los segmentos más rentables del negocio, aunque era adulterada con sustancias de corte para incrementar las ganancias.
Varias de las denominadas «cocinas» de droga funcionaban en zonas de Gregorio de Laferrere y otros sectores de La Matanza. La actividad de la organización, según la investigación judicial, se extendió entre agosto de 2019 y julio de 2023.
El caso fue investigado durante más de cuatro años por el fiscal federal Sebastián Basso y funcionarios de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La investigación articuló el trabajo de distintas dependencias judiciales, entre ellas la Fiscalía Federal de Morón y organismos de la Justicia bonaerense, con el objetivo de abordar tanto la comercialización minorista como los niveles superiores de la estructura de tráfico.
El episodio que expuso la presunta protección policial y judicial
Uno de los antecedentes centrales de la causa ocurrió el 21 de noviembre de 2022, en el asentamiento Puerta de Hierro, en La Matanza.
Ese día, dos agentes de la Policía bonaerense interceptaron un Peugeot 208 que circulaba sin patente delantera. Según las declaraciones incorporadas al expediente, durante el procedimiento fueron rodeadas por más de treinta personas que intentaron intimidarlas para impedir que trasladaran a los ocupantes del vehículo.
Uno de los sospechosos aseguró ser Chaki Chan y amenazó a una de las oficiales. Entre otras expresiones, afirmó que controlaba Ciudad Evita y que tenía influencia suficiente para conseguir que la apartaran de su puesto.
La situación tomó otro rumbo cuando, según los testimonios de las policías, se presentó en la comisaría la entonces fiscal Casal Gatto. La funcionaria se reunió con Guimil y, aproximadamente veinte minutos después, abandonó la dependencia. Poco más tarde, el sospechoso y su acompañante recuperaron la libertad y se retiraron escoltados por numerosos vehículos.
Este episodio se convirtió en uno de los elementos más relevantes para reconstruir el vínculo entre el jefe narco y la funcionaria judicial.
La investigación también incorporó conversaciones telefónicas en las que integrantes de la organización hacían referencia a supuestos pagos que habrían permitido que Guimil no fuera buscado por las fuerzas de seguridad. Esas comunicaciones formaron parte del material analizado durante el proceso judicial.
Una detención que terminó con años de impunidad
El nombre de Chaki Chan trascendió los límites de su zona de influencia en mayo de 2023, cuando vecinos del barrio Las Antenas denunciaron enfrentamientos entre grupos que se disputaban el territorio para comercializar drogas.
Finalmente, el 4 de julio de ese año, efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a Guimil en el partido de La Matanza. El operativo permitió avanzar sobre una organización que, de acuerdo con la investigación, había logrado sostener su actividad durante varios años.
La causa también puso bajo la lupa el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y la posible participación de funcionarios públicos en la protección de estructuras criminales.
Con la sentencia del TOF N.º 3 de San Martín, el proceso judicial llegó a una instancia decisiva: el principal responsable de la organización recibió 14 años de prisión, mientras que otros 15 integrantes fueron condenados a penas de entre tres y diez años.
En paralelo, la condena contra Casal Gatto dejó expuesta la responsabilidad penal que puede alcanzar a quienes, desde posiciones institucionales, favorecen el funcionamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Un dato clave sobre la sentencia
La condena a Casal Gatto es de ejecución condicional, por lo que no implica que deba ingresar a prisión, aunque sí deberá cumplir reglas de conducta y controles judiciales. También fue condenado el policía Fernando Nicolás Cardozo, quien recibió tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, los fundamentos completos del fallo se conocerán el 11 de febrero de 2027, por lo que se espera que las condenas sean objeto de apelaciones.
