Registros oficiales de ARCA confirman que Bettina Julieta Angeletti solicitó el beneficio impositivo el 31 de mayo pasado, días antes de la presentación patrimonial de su cónyuge. La medida sumará un nuevo elemento a la investigación que tramita en los tribunales de Comodoro Py.
Las auditorías patrimoniales sobre los entornos familiares directos de los funcionarios de primera línea representan un punto crítico de control institucional, especialmente cuando colisionan con las banderas de transparencia y austeridad del oficialismo. La utilización de leyes de normalización tributaria por parte de cónyuges de altos mandos, en la antesala de sus declaraciones juradas obligatorias, suele reconfigurar las hipótesis de los investigadores judiciales encargados de fiscalizar las inconsistencias en el flujo de bienes. Para los portales que cubren la actualidad institucional, desglosar el cruce de datos fiscales provisto por las agencias de recaudación permite evaluar la consistencia entre el discurso público y la realidad patrimonial de los despachos oficiales.
Documentos obtenidos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revelaron que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, solicitó el pasado 31 de mayo su adhesión al régimen de regularización tributaria amparado bajo la Ley 27.799, conocido informalmente como “inocencia fiscal”. La constancia oficial obtenida fija la vigencia del trámite hasta el 9 de julio y detalla el ingreso de la contribuyente para el período fiscal 2025. El movimiento administrativo adquiere una fuerte repercusión institucional, ya que se formalizó de manera paralela a la tramitación de una investigación criminal radicada en los tribunales federales de Comodoro Py que investiga a la pareja por presunto enriquecimiento ilícito.
El ingreso al esquema simplificado introduce una variable contable que será exhaustivamente peritada por los equipos técnicos de la justicia federal.
