El operativo de urgencia se desplegó en un domicilio de la calle Arrecifes al 1200 tras la confesión del hijo de la víctima, quien permanece detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el intento de homicidio de su padre. El fiscal Javier Ghessi ordenó la autopsia correspondiente para determinar la mecánica del matricidio.
Las planificaciones de las diligencias periciales en escenas de crímenes complejos, el codiseño de operativos de excavación con fuerzas especiales de bomberos y la articulación de causas penales entre distintas jurisdicciones de la región metropolitana constituyen variables de permanente centralidad para la gestión de los ministerios públicos fiscales bonaerenses. Cuando las investigaciones por delitos graves contra las personas se desencadenan a partir de testimonios espontáneos de terceros ante las comisarías locales, la celeridad en la obtención de las órdenes de registro domiciliario se transforma en el requisito principal para resguardar los elementos de prueba y evitar la alteración del lugar del hecho. Para los analistas de la criminalística regional y los editores enfocados en el monitoreo de los indicadores de violencia familiar y las causas penales en el departamento judicial, evaluar estos procedimientos representa un insumo indispensable para analizar la eficiencia del servicio de justicia.
El procedimiento de urgencia coordinado por la Unidad Funcional de Instrucción Número Uno de Morón en una finca de Castelar norte derivó en el hallazgo del cadáver de una vecina de cincuenta y cuatro años, identificada como Graciela Martínez, cuyos restos habían sido ocultados en un pozo de gran profundidad ubicado en el sector trasero del inmueble. Las actuaciones judiciales se iniciaron formalmente a partir de la comparecencia de un testigo que reportó haber escuchado la admisión del crimen por parte del hijo de la víctima, un joven de veinticuatro años que actualmente se encuentra privado de la libertad en una alcaidía porteña bajo la tutela del Juzgado Criminal y Correccional Número Cuarenta y Nueve por haber atentado previamente contra la vida de su progenitor. El fiscal interviniente, junto al secretario judicial Adrián Corso, coordinó las tareas de remoción de tierra llevadas a cabo por el personal de Bomberos para extraer el cuerpo, disponiendo su inmediato traslado a la morgue judicial con el propósito de precisar la data de la muerte y avanzar en la imputación por el delito de homicidio agravado por el vínculo para esclarecer las circunstancias del homicidio.
Los gabinetes de asistencia a la víctima del municipio mantendrán guardias activas para brindar contención psicológica a los familiares directos durante las próximas jornadas del calendario judicial. Los peritos de la Policía Científica continuarán procesando los elementos secuestrados en el interior de la vivienda para elevar el informe accidentológico final al juzgado de garantías en las semanas venideras.
