La Federación Argentina de Municipios, presidida por Fernando Espinoza, emitió un duro comunicado contra el recorte en las bonificaciones de las facturas de gas impulsado por el gobierno de Javier Milei y aprobado en el Senado. La medida limita el beneficio únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna.
Más de 500 jefes comunales nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresaron su más enérgico rechazo a la modificación del régimen de Zona Fría, al calificar la decisión oficial como un golpe directo a la economía de millones de hogares argentinos que sufren bajas temperaturas.
A través de un comunicado oficial firmado por su titular y jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, la entidad cuestionó la normativa sancionada en el Senado de la Nación bajo el impulso del gobierno de Javier Milei, la cual recorta drásticamente las bonificaciones vigentes en las facturas de gas natural y propano por redes. A partir de ahora, el beneficio quedará restringido exclusivamente a las zonas originales e históricas, tales como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
En el texto, la organización advirtió que «este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas». Asimismo, la FAM remarcó que la normativa que contemplaba tarifas diferenciales respondía a una necesidad lógica frente a las exigencias climáticas de cada región, por lo que su supresión representa «un golpe directo al bolsillo de las familias».
Los intendentes también criticaron el trasfondo macroeconómico de la medida: «En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad». Hacia el cierre, la entidad reafirmó su compromiso de continuar defendiendo los derechos de los usuarios y rechazó de plano lo que calificaron como un nuevo ataque contra la ciudadanía.
Un fuerte posicionamiento político de los jefes comunales que abre un nuevo frente de conflicto territorial en torno a la quita de subsidios y la política tarifaria nacional.
