El presidente del Colegio de Magistrados bonaerense, Matías Rappazzo, respondió a las críticas de la oposición en el Concejo Deliberante y valoró el intercambio técnico con el Ejecutivo local. Además, reclamó un debate político sobre el uso de celulares en las cárceles tras el complot contra una fiscal.
Frente a las intensas discusiones y cruces políticos suscitados en el Concejo Deliberante de Morón en torno al proyecto de creación de la Policía Municipal, el presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires y titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón, Matías Rappazzo, salió al cruce de los cuestionamientos y ratificó la legalidad de la intervención judicial en la iniciativa.
La participación de funcionarios y magistrados judiciales en el diseño de la nueva fuerza de seguridad comunal se convirtió en uno de los ejes de debate más álgidos de la agenda política local, un tema que dominó la reciente interpelación al secretario de Seguridad municipal, Damián Cardoso, y que continuó escalando en las redes sociales por parte de ediles de distintos bloques. Ante los señalamientos sobre una supuesta intromisión institucional, Rappazzo fue categórico al descartar tal escenario: «De ninguna manera. No hay vulneración de ninguna división de poderes».
El magistrado, quien formó parte de la mesa de intercambio de ideas convocada por el Ejecutivo comunal, minimizó la polémica al señalar que la práctica de articular conocimientos técnicos con la Justicia no constituye una novedad institucional. Al respecto, ejemplificó que en diversos Departamentos Judiciales los directores de las carreras de policía judicial son magistrados históricos y que esta cooperación metodológica ocurre habitualmente. «Es lo más normal, viene pasando hace un montón. Y creo que está bueno, porque si yo soy fiscal y voy a tener a una Policía que me va a llamar por los hechos, prefiero explicarle cómo hacer las actas para que las cosas no sean nulas. Y eso de ninguna manera vulnera la independencia de poderes», graficó.
Por otra parte, el referente judicial aprovechó la ocasión para referirse al estremecedor episodio descubierto durante el último fin de semana, vinculado a un plan criminal orquestado por dos internos desde un establecimiento carcelario para atentar contra una fiscal, exigiendo que el arco político retome la discusión de fondo en torno a la normativa que autoriza el uso de teléfonos celulares en las cárceles.
El debate legislativo en torno al funcionamiento y las incumbencias de la futura fuerza de seguridad local continúa abierto en el distrito.
